ADOLFO SUÁREZ Y LA PENA DEL TELEDIARIO

Si alguien me pidiera que le explicara con un ejemplo en qué consiste la llamada “pena del telediario”, les diría que es una expresión coloquial, no jurídica, que se utiliza en España para describir un fenómeno muy concreto: el castigo social, reputacional y personal que sufre una persona cuando su imputación, detención o investigación judicial se difunde masivamente en los medios de comunicación, con independencia de que después sea absuelta o la causa se archive. Supone, por lo tanto, un castigo social y mediático, previo o independiente del resultado judicial, sin garantías legales y de efectos duraderos, a veces irreversibles.

Como ejemplo cercano y representativo: la noticia difundida por RTVE a través de sus programas informativos y plataformas informando que Ariadna (nombre ficticio), denuncia haber sido víctima entre 1983 y 1985 de abusos sexuales por parte de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de España de la democracia tras la dictadura y figura clave de la Transición política española.

El mero hecho de que una acusación de esta naturaleza sea elevada a categoría de noticia —y más aún, repetida, amplificada y comentada— ilustra con precisión quirúrgica el mecanismo de la pena del telediario. No se juzga un hecho probado, ni se analiza una sentencia firme, sino que se otorga estatus de verdad pública a una acusación, cuya sola difusión produce ya un efecto condenatorio. El daño no necesita veredicto: se consuma en el instante mismo en que el nombre propio aparece asociado al delito.

En este caso, además, concurren elementos que agravan la situación del fenómeno. El acusado no puede defenderse: ha fallecido. No puede aportar su versión, ni recurrir, ni limpiar su nombre. Y, sin embargo, su figura —histórica, política, humana— queda expuesta a una revisión retrospectiva bajo el foco de una acusación imposible de contrastar judicialmente. El resultado es una condena simbólica, pero no por ello menos real, que afecta no solo a la memoria del personaje, sino también a su familia y a la comprensión colectiva de una etapa clave de la historia reciente de España.

Aquí se revela una paradoja inquietante: en nombre de la sensibilidad hacia la víctima, se suspende toda exigencia de prudencia informativa. El periodismo, que debería ser garante del equilibrio entre el derecho a la información y los derechos fundamentales, se convierte en altavoz de una imputación sin proceso, confundiendo interés público con impacto emocional. La noticia deja de ser la búsqueda de la verdad para transformarse en la noticia de la acusación misma, es decir, en un hecho mediático autónomo cuyo efecto es irreversible.

Conviene detenerse en un punto esencial: explicar la pena del telediario no implica negar ni minimizar el sufrimiento de quien denuncia. Significa, precisamente, defender un principio civilizatorio básico: que la verdad no puede establecerse por aclamación, ni por reiteración mediática, ni por empatía selectiva. Cuando la presunción de inocencia se relativiza en función de la gravedad del relato o de la notoriedad del acusado, deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión.

El problema de fondo es que la pena del telediario no solo castiga a individuos concretos: erosiona el propio concepto de justicia. Sustituye el proceso por el relato, la prueba por la emoción, el tiempo judicial por la urgencia informativa. Y en ese desplazamiento perdemos todos: la verdad, la credibilidad de los medios y la confianza en las instituciones.

Por eso, más allá de nombres propios o casos concretos, la cuestión que deberíamos hacernos es incómoda pero necesaria: ¿Queremos vivir en una sociedad donde la reputación se decide en un informativo de prime time? ¿Dónde la absolución llega tarde, en silencio y sin capacidad de reparación? Mientras no afrontemos estas preguntas con seriedad, la pena del telediario seguirá funcionando como una condena sin juez, sin defensa y sin apelación, pero con una eficacia devastadora.

Conviene dejar claro, en este punto, que mi pretensión no es salir en defensa de Adolfo Suárez. Su figura política y personal cuenta, a estas alturas, con un consenso ampliamente compartido: el de un político honesto, abnegado y profundamente querido, que asumió riesgos extraordinarios en uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente. No es ahí donde reside el núcleo de esta reflexión.

He tenido ocasión de estudiar su figura con detenimiento, tanto en su dimensión pública como humana, a través de una serie de conversaciones con relevantes protagonistas y testigos de la Transición política española. Esas conversaciones vieron primero la luz en formato multimedia en la revista cultural Acalanda Magacín y fueron posteriormente recogidas y ampliadas en la obra El espíritu de la Transición: Conversaciones para nuestro tiempo. De ese trabajo no extraje una hagiografía, sino algo más valioso: la constatación de que la Transición fue, ante todo, un ejercicio colectivo de responsabilidad, mesura y sentido histórico.

Precisamente por ello, el problema que aquí se plantea trasciende a Suárez como individuo. Lo que está en juego es nuestra capacidad como sociedad para pensar con rigor, para no dejarnos arrastrar por el impacto emocional de una noticia ni por la comodidad de un juicio inmediato. Mi pretensión es, por tanto, reivindicar el espíritu crítico, ese que el escritor, humanista y economista español José Luis Sampedro nos exhortó a cultivar en un ya célebre vídeo de 2011, titulado Educados para no pensar.

En aquella reflexión —tan breve como profunda— Sampedro advertía de un sistema educativo y mediático que no forma ciudadanos libres, sino consumidores de consignas, individuos entrenados para repetir, no para cuestionar. Su llamada al espíritu crítico no era un lujo intelectual, sino una herramienta de supervivencia moral frente a los vientos desfavorables de la simplificación, la prisa y el pensamiento dirigido.

Aplicado al fenómeno de la pena del telediario, ese espíritu crítico exige preguntarse no solo qué se nos cuenta, sino cómo, por qué y con qué consecuencias. Exige resistirse a la tentación de confundir denuncia con verdad, visibilidad con justicia, empatía con prueba. Exige, en definitiva, no abdicar de la razón en favor del relato dominante.

Porque cuando renunciamos a pensar críticamente, no solo dejamos indefenso al acusado circunstancial: dejamos indefensa a la verdad misma. Y una sociedad que sacrifica la verdad en el altar del impacto mediático termina por erosionar los fundamentos que dice proteger.

Y termino estas líneas desde un lugar íntimo y doloroso. He trabajado para RTVE durante más de cuarenta años. En esa casa aprendí el valor del servicio público, el peso de la palabra y la responsabilidad que implica informar a una sociedad democrática. RTVE me ha dado mucho, profesional y humanamente, y quizá por eso duele más cuando uno siente que se ha cruzado una línea que nunca debió traspasarse.

Porque sucumbir a la pena del telediario no es un error menor ni una anécdota coyuntural: es incurrir en la peor de las praxis informativas, aquella que traiciona la esencia misma del periodismo público. No se trata de censurar noticias ni de silenciar denuncias, sino de preservar los principios que nos protegen como ciudadanos: la prudencia, la presunción de inocencia y el respeto a la verdad.

Cuando una institución a la que uno ha dedicado la mayor parte de su vida profesional adopta sin matices los mecanismos del juicio mediático, la sensación es amarga, casi personal. Y entonces acude a la memoria aquella frase atribuida a Julio César al comprender que iba a ser apuñalado por quien consideraba su propio hijo, «Tú también, Bruto, hijo mío», que yo, hoy, humildemente, reformulo al caso que nos ocupa con:

«Tú también, RTVE, de quien esperaba otra altura»

Y no como reproche, sino como constatación de una herida: la que se abre cuando quien debía encarnar los valores más altos renuncia a ellos. Y es precisamente por lealtad a lo que RTVE ha sido y debería seguir siendo por lo que me he decidido a escribir esta reflexión.