Nada más recibir la amable invitación para escribir esta colaboración dentro de la serie de artículos y conversaciones que con acertado trabajo y dedicación recogen José Antonio Hernández de la Moya y José Francisco Adserias Vistué en la página Acalanda.com bajo el titular genérico de El Espíritu de la Transición, la primera sensación al comenzar a recordar aquella etapa fue comprobar que la memoria hoy todavía recoge muchos años después con gran nitidez las sensaciones de aquella época ya lejana.
La primera dificultad ha sido elegir un aspecto de aquella transición que fuera destacable para realizar este artículo, ya que la enorme obra que se realizó abría centenares de caminos. No otra cosa era la Transición. Se trataba simplemente de pasar de una etapa donde solo una parte de los españoles se sentían representados, a una etapa donde todos pudieran tener representación a través del pleno ejercicio de la democracia y su principal praxis como es la elección de los representantes en las Cortes Generales mediante unas elecciones plenamente libres. Todo ello en un contexto de plena libertad de opinión y expresión que hasta el momento no se había dado durante la etapa de la dictadura del General Franco.
La elección del tema tiene en este caso un motivo personal, ya que en aquel momento por las vivencias personales comprendí muy pronto que el origen familiar y la situación económica eran determinantes para el desarrollo personal de cada ciudadano, es decir lo que hoy los teóricos denominan la igualdad de oportunidades desde el inicio. Precisamente, esa razón es la elección del tema a desarrollar en el artículo: El gran paso: de un Estado asistencial a un Estado Social. Esa elección de los constituyentes determinó en gran medida el futuro del país al decidir que España fuera un Estado social y democrático de Derecho, como quedó plasmado en la Constitución de 1978.
El gran paso: de un Estado asistencial a un Estado Social: Desde la perspectiva actual con una plena democracia, que funciona adecuadamente con las normales tensiones y disfunciones que tienen en la actualidad las democracias homologables con la española que son las principales, es fácil ya reconocerse dentro de la Europa avanzada. Efectivamente, hoy España, el Estado español, es uno de los principales países europeos. La historia nos ha hecho justicia, pero también nosotros mismos, todos, nos hemos esforzado en que nuestro país alcanzara un grado de desarrollo que sólo hace 44 años, desde la referencia del año 1978, parecía impensable.
El salto cualitativo y cuantitativo que ha dado el país es sencillamente estratosférico. Quienes tuvimos la fortuna de vivir en plena juventud aquella etapa, podemos asegurar que las cosas en aquel momento no estaban tan claras para las cotas que hemos conseguido hoy como nación. Todo ello, a pesar de nuestros problemas como país que todavía seguimos arrastrando de una historia, tanto del siglo XIX y del siglo XX, que parafraseando el título de la obra de Santos Juliá tuvo demasiados retrocesos.
Realmente nuestra historia no fue lineal con los avances naturales de progreso por el paso del tiempo que tuvieron otros países europeos de la importancia de España por su historia. Sólo es preciso repasar la historia de Reino Unido, Francia, Alemania o Italia y podrá comprobarse que, a pesar de las guerras mundiales en que se vieron envueltas, sin embargo, no tuvieron una guerra civil totalmente fratricida que no merecían aquellos españoles, pero que, por el contrario, ha determinado la evolución de nuestro país. Hoy todavía nuestros problemas territoriales e incluso políticos vienen de aquella etapa mal resuelta. Tuvimos un fatal siglo XIX que determinó a un complejo siglo XX del que aún no hemos escapado totalmente.
Volviendo a la reflexión en curso, hoy es sencillo reconocernos como unos europeos totalmente homologables a los de otros países. Tenemos un Estado que protege en gran medida a los ciudadanos de los principales riesgos que los ciudadanos de hoy pueden tener, dentro de esta sociedad del riesgo, en palabras de Ulrich Beck. Así hoy cualquier ciudadano español, e incluso de otras nacionalidades que viven en nuestro suelo, tiene una fuerte protección frente a los riesgos de la enfermedad con un sistema de salud que es gratuito y que se financia con los impuestos sobre el trabajo de los trabajadores y empresas. También tiene una fuerte protección para la vejez con un sistema de pensiones que ha dado hasta el momento síntomas de efectividad y fortaleza. Está también protegido frente a la circunstancia de un eventual desempleo, precisamente en una sociedad como la nuestra que tienen un desempleo crónico en torno a dígitos superiores al 10%, con principal afectación para las mujeres y los jóvenes. Pero también y no es de menor importancia, tenemos un sistema educativo gratuito en todos los niveles hasta la Universidad, además de un sistema de becas cada vez más desarrollado para los niveles universitarios.
Ciertamente a todo ello, hoy se argumenta sobre esas cuestiones que en algunos de los casos las prestaciones son insuficientes, que no están organizadas para que sean rápidas y efectivas, principalmente en los casos asistenciales de salud. Existe una especial preocupación por los sistemas de salud en algunas Comunidades Autónomas ya que algunos casos la financiación es insuficiente y se teme por su continuidad tal como se los ha venido conociendo.
Todo lo señalado es el núcleo fuerte del Estado social, que es la construcción jurídica del Estado de bienestar en sentido práctico. Esas prestaciones no son las únicas manifestaciones que tenemos como ciudadanos del Estado Social. Tanto en Ayuntamientos como en las Comunidades Autónomas hay numerosos ejemplos de prestaciones sociales de las que gozan los ciudadanos.
Existen ejemplos varios, como son los Centros de día para personas mayores a los que acude este colectivo para recibir atención para las cada vez más presentes enfermedades neurovegetativas o los centros de mayores con bibliotecas y espacios recreativos para conferencias y actividades lúdicas, los viajes para mayores a bajo coste, las subvenciones para jóvenes del transporte público y también para mayores.
Si alguien que lea estas páginas vivió la etapa anterior a 1978, recordará seguramente que también se tenía seguridad social, seguro de desempleo y pensiones, cierto, pero no con el grado de desarrollo actual donde el nivel de protección ha crecido enormemente.
Esa precisamente es la diferencia entro lo que fue un Estado asistencial y el Estado Social y democrático de Derecho que sanciona la Constitución de 1978 como máximo referente de cómo se define al Estado. Así, el art. 1.1 señala que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es indudable que la definición del Estado español es principalmente social, además de democrático y que se rige por lo recogido en el Derecho del Estado.
Qué diferencia jurídica debe reconocerse entre un Estado asistencial y un Estado social. La diferencia entre estos dos conceptos es importante. Es diametralmente opuesta la actividad a la que está obligado el Estado a realizar en un Estado asistencial a la que tiene que desarrollar en un Estado social. También, ello compete a las Comunidades Autónomas y la Administración local, como no puede ser de otra manera en un Estado descentralizado en cuanto a competencias.
Como comentario anexo a esta mención sobre la descentralización que establece la Constitución de 1978, el desarrollo de la legislación administrativa a nivel estatal, autonómico y local ha sido constante en esos aspectos de las competencias de los derechos sociales de las distintas administraciones. Podría decirse que desde el Derecho Administrativo en términos generales se ha desarrollado funcionalmente el Estado social con éxito, como corresponde a la escuela administrativista española de gran solvencia y tradición.
Las diferencias jurídicas entre el Estado social y el Estado asistencial tienen su origen principalmente en los distintos principios jurídicos de origen que tienen ambos Estados. En el Estado asistencial, el Estado no queda obligado realmente más que a la legislación que él mismo desarrolla sobre la asistencia a la que se obliga a dar a los ciudadanos en los aspectos sociales principales: derecho a la salud, derecho al desempleo, derecho a pensiones y derecho a una educación desde el Estado.
Sin embargo, en el Estado social, el Estado tiene un mandato constitucional que determina su actividad y gestión, ya que toda esta debe quedar encaminada principalmente a conseguir un Estado social. En este aspecto, es donde comienza realmente la dificultad de establecer que características son las esenciales a conseguir para que pueda denominarse social a este Estado.
Por tanto, en ese sentido la Constitución respecto al Estado social presenta dos particularidades. En primer lugar, remite al Estado social a ser un principio programático constitucional, es decir, no se define con concreción que características son las del Estado social. Este debe posteriormente desarrollarse mediante leyes orgánicas o leyes ordinarias que deben complementarse conjuntamente con los derechos fundamentales y el resto de los contenidos de la Constitución. En segundo lugar, como no pudo ser de otro modo, debido al momento en que se desarrolla el periodo constituyente, quedó abierto axiológicamente el modelo que se quería determinar de Estado social, ya que este fue fruto del consenso entre el modelo liberal democrático de la Unión de Centro Democrático y el modelo de inspiración socialdemócrata que defendía el Partido Socialista Obrero Español. En este sentido hay que valorar el sentido práctico que ejercieron tanto el Partido Comunista como Alianza Popular respecto a la definición de Estado social, aceptando el modelo de consenso que dejaba abierto el desarrollo del Estado social. Ambos olvidaron en ese sentido, los modelos de inspiración comunista o conservadores para converger en la idea que finalmente quedó reflejada en la Constitución.
A pesar de esa indefinición de origen que conlleva cualquier principio programático constitucional, el Estado social se ha desarrollado en España con pleno éxito, si se hace el ejercicio de abstraerse de lo que se desearía realmente por cada uno de nosotros del Estado social y analizar de verdad de lo que se disfruta. Todo es mejorable y a ello debe tenderse, pero siempre hay que ser realista y felicitarse de los logros conseguidos. Lo contrario es precisamente realizar análisis cainitas que poco tienen de constructivos.
Complejo Hospitalario Salamanca antiguo
Complejo Hospitalario Salamanca nuevo
Las razones de ese éxito hay que anotarlas en él debe de los dos partidos que han tenido la responsabilidad de gobernar el país en estos años y que han sido mayoritarios en las cámaras, que es donde reside realmente la posibilidad de legislar sobre los derechos sociales, siempre también desde la acción promotora de cada gobierno.
Ambos partidos han asumido perfectamente la idea de Estado social de consenso que parte de la etapa constituyente y han mantenido, a pesar de las enormes disputas políticas, aquel espíritu de negociación constante de los principales derechos sociales que componen el núcleo del Estado Social. Puede verse en la distancia que, a pesar de los desacuerdos lógicos por el distinto ideario vital de cada uno de estos partidos, se sigue una línea bastante rectilínea que ha logrado mantener en estos años estos derechos durante estas décadas. La irrupción de otras formaciones políticas en estos últimos años no puede decirse que ha cambiado formalmente a estos derechos en su núcleo principal.
La cuestión que se presenta a resolver en un lapso de tiempo relativamente corto será si la actual arquitectura que se ha desarrollado del Estado social y que seguramente habrá que modificar, no necesariamente a peor, sino para adaptarla a los nuevos retos que son varios: la mejora de los derechos y las prestaciones, sobre todo en lo referente a la salud, las medidas a tomar en épocas de escasez que cada vez puede ser más cíclicas y frecuentes, porque la historia no ha terminado como pronosticó Fukuyama, y el acceso a estos derechos a personas que difícilmente van a poder contribuir con sus impuestos, ya que una gran parte de ellos provienen de una inmigración dificultosa y en gran parte de casos ilegal.
Pero ese será el reto de la segunda mitad del siglo XXI. La gran duda es si en esta etapa que existe de gran polarización política el espíritu de consenso para los grandes temas sociales que hasta el momento se ha dado, a pesar de las apariencias contrarias va a seguir dándose. Esta es una etapa en la que los grandes partidos están condicionados por la aparición en el escenario político español del fin del tiempo de las mayorías, para pasar al tiempo de los gobiernos de coalición con varios partidos que pueden conformar las mayorías parlamentarias. Ello puede traer disfunciones porque el consenso será más complejo porque aparecerán propuestas que quizá aparezcan como rompedoras o que desequilibren el ideario del otro bloque hasta hacer complejo el acuerdo, aún dentro del desacuerdo, que es como se ha venido actuando hasta ahora.
Ciertamente el Pacto de Toledo de 1995 parece que está funcionando y parece previsible que así será lo que es un alivio para todos los ciudadanos, porque toca el tema principal de preocupación: cómo ayudará el Estado al ciudadano en los momentos difíciles o en la vejez.
Hasta el momento no han existido grandes problemas de interpretación constitucional sobre qué debe entenderse por Estado social y su desarrollo legislativo, todo gracias al consenso tácito en el desacuerdo ya descrito. Pero ese es un riesgo que siempre existirá, más en etapas complejas como en la que estamos comenzando a entrar. Aquí, habrá que confiar en el sentido jurídico de ponderación que ha mantenido el Tribunal Constitucional en líneas generales en estos años.
José Méndez Martín
Dr. Filosofía del Derecho
https://quederechos.blogspot.com/
Muchas gracias por acompañarnos. Acceso a las conversaciones.
Si te ha gustado el artículo, por favor ayúdanos a poder ser sostenibles comprando los libros de José Antonio Hernández de la Moya y José Francisco Adserias Vistué. Muchas gracias
0 comments on “El ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN: El gran paso desde un Estado asistencial a un Estado Social”